El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de liquidez por 550 millones de dólares para el Estado boliviano. Estos recursos están destinados a apoyar la estabilidad macroeconómica y acompañar el plan de reformas estructurales impulsado por el presidente Rodrigo Paz, cuyo gobierno busca acelerar la recuperación económica del país.

La aprobación se realizó durante una sesión extraordinaria, convirtiéndose en la primera acción concreta del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (Parec), propuesta que el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, presentó recientemente al jefe de Estado.

Díaz-Granados resaltó que Bolivia es un país miembro fundador y un aliado prioritario para la institución. Explicó que el programa pretende convertir los desafíos estructurales en oportunidades de crecimiento sostenible, consolidando la estabilidad macroeconómica que el Gobierno busca fortalecer.

Este financiamiento posiciona a la CAF como el primer organismo multilateral en ofrecer un apoyo directo al nuevo gobierno. Además, este desembolso forma parte de una estrategia mayor que prevé movilizar hasta 3.100 millones de dólares durante los próximos cinco años, con iniciativas orientadas a:

• Estabilidad y equilibrio macroeconómico

• Mayor integración nacional y regional

• Bienestar e inclusión social

• Protección y sostenibilidad ambiental

Según Díaz-Granados, este respaldo permite al Estado cumplir con sus compromisos financieros inmediatos y brinda certeza para avanzar con las reformas económicas que el Gobierno ha proyectado.

La exejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino, Yamile Cruz, junto a autoridades y representantes sociales de la región, conformó el Comité de Defensa del Litio, una instancia que en días pasados entregó al nuevo gobierno una propuesta integral orientada a fortalecer la industrialización del litio con criterios de soberanía y beneficios directos para las regiones productoras.

Cruz explicó que el documento —elaborado durante más de tres años— plantea un modelo de gestión con mayor presencia del Estado, un esquema de regalías más equitativo para Potosí y otras zonas productoras, además de mecanismos estrictos de control ambiental. Añadió que el Comité acompañará de manera permanente los procesos de aprobación de contratos con empresas extranjeras para garantizar transparencia y cumplimiento.

Durante una entrevista con radio Fides, la representante destacó que el trabajo es “técnico, serio y profundamente patriótico”, construido a partir de las demandas sociales tanto de Potosí como de Oruro. Resaltó que el proyecto de Ley de Litio y Recursos Evaporíticos surge de las bases sociales y no de enfoques aislados o externos.

La propuesta plantea que Bolivia mantenga más del 51% de participación en toda la cadena industrial del litio, con el objetivo de resguardar la soberanía económica y evitar que la riqueza evaporítica beneficie únicamente a intereses ajenos al país. También establece que los acuerdos con empresas extranjeras se realicen exclusivamente con compañías que cuenten con tecnología verificada y capacidad operativa real.

En el ámbito económico, el planteamiento incluye regalías de entre el 10% y 20%, ajustables automáticamente según la cotización internacional del litio. Según Cruz, este esquema permitiría que “por primera vez las riquezas del litio lleguen al pueblo potosino y a todas las regiones productoras”.

El Comité subrayó además la importancia de aplicar consultas previas, estudios hidrológicos y un monitoreo continuo del impacto ambiental, elementos esenciales para construir una industria sostenible que resguarde los ecosistemas del altiplano.

Finalmente, los representantes anunciaron que se mantendrán vigilantes ante cualquier negociación o contrato relacionado con el litio, con el fin de garantizar que los beneficios económicos y tecnológicos permanezcan en Bolivia y aporten al desarrollo nacional.

El presidente Rodrigo Paz informó este domingo que su Gobierno logró establecer un marco de estabilidad económica y destacó que actuará con determinación para mejorar las condiciones de vida de la población y enfrentar la crisis que atraviesa Bolivia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tomó juramento al nuevo presidente y al directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) este lunes, en un acto celebrado en el Palacio Quemado. La presidencia del ente emisor fue asumida por David Iván Espinoza Torrico.

Durante la ceremonia, el mandatario señaló que el Banco Central retoma su rol como institución al servicio de todos los bolivianos, destacando la importancia de la independencia institucional, la responsabilidad social y la disciplina fiscal y monetaria. Además, enfatizó el compromiso del directorio con la transparencia y la rendición de cuentas.

El nuevo directorio del BCB está integrado por Claudia Haydee Pacheco Ayala, Dennise Sussan Martin Alarcón, Álvaro Alfonso Romero Villavicencio y Walter Fernando Orellana Rocha.

Espinoza, quien posee amplia experiencia dentro del Banco Central, afirmó que su gestión estará orientada a recuperar la solvencia técnica del organismo, alejándolo de prácticas que hayan afectado su funcionamiento en el pasado. “Nuestro objetivo es fortalecer el carácter técnico del Banco Central y garantizar su correcto desempeño en beneficio del país”, sostuvo.

El presidente del BCB es economista formado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas del Programa de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana, en colaboración con el Harvard Institute for International Development.