La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ejecutó dos operativos en los departamentos de La Paz y Beni, logrando incautar 18.043 litros de diésel oíl y desarticular actividades ilícitas relacionadas con acopio clandestino y desvío de combustibles.

El ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto, se reunió este miércoles con el gremio de exportadores para exponer los pilares y la hoja de ruta del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), con miras a los próximos 10 años y con un llamado a construir consensos entre todos los sectores del país.

“Tenemos un desafío importante: transformar Bolivia y generar una visión conjunta con todos los actores activos de la sociedad, desde las regiones y los distintos sectores, para que este plan realmente sea de todos y para todos”, señaló el ministro Romero.

El encuentro fue organizado junto a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y la Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), dentro de una serie de reuniones con diversos sectores productivos del país, con el objetivo de recopilar aportes que fortalezcan la planificación del país para los próximos años.

Oswaldo Barriga, presidente de CANEB, destacó: “Queremos que nuestras exportaciones crezcan y que el comercio exterior sea un motor de desarrollo. Para lograrlo, debemos eliminar restricciones, priorizar el valor agregado y establecer ventanilla única. Si funciona en comercio exterior, funcionará para todo el país”.

Romero explicó que el PGDES busca consolidar un plan de desarrollo a largo plazo, que sirva como guía hasta 2035. La estrategia se estructura en siete ejes de desarrollo y se llevará a cabo mediante 15 encuentros confirmados con sectores agropecuario, minero, empresarial, industrial, universidades, exportadores y organizaciones sociales.

Los encuentros se realizarán en los nueve departamentos del país para recopilar la opinión de la sociedad y construir una visión de país clara, transparente y aplicable a largo plazo. La ruta de trabajo contempla un evento nacional de inicio y otro de cierre, con la participación de actores estratégicos del Estado Plurinacional.

“Hay plena voluntad y apertura desde el Gobierno para que las cosas avancen rápidamente. Les propongo que acompañemos una visión transformadora para Bolivia, no solo desde la política, sino desde lo que el país necesita realmente para avanzar”, concluyó Romero.

La Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, anunció este martes la inhabilitación inmediata de 6.398 tarjetas B-SISA que fueron entregadas a distintos sectores, pero que fueron mal utilizadas, generando un perjuicio económico al Estado de más de 50 millones de bolivianos mensuales.

Estas tarjetas se emitieron bajo el Decreto Supremo N° 2243 de enero de 2015, que permite la compra de diésel entre 120 y 1.200 litros mensuales. Sin embargo, los primeros análisis de la ANH detectaron que gran parte del combustible fue desviado al mercado negro, debido a la falta de control durante la gestión anterior.

Ayala explicó que, desde 2015, se entregaron 29.610 tarjetas B-SISA, pero durante 10 años no se realizaron procesos de verificación ni depuración. En el primer mes de gestión, la nueva administración identificó estas 6.398 tarjetas irregulares, que representan el consumo de más de 4,5 millones de litros de diésel.

“Nadie realizó este control durante una década. Este es el primer resultado de una revisión profunda que estamos ejecutando con responsabilidad. No vamos a permitir que el combustible subsidiado se siga desviando ni que se siga robando al país”, afirmó la autoridad.

La Directora Ejecutiva agregó que la instrucción es clara: “No se cortará el derecho legítimo de consumo a ningún productor. Pero sí se eliminarán todas las irregularidades que afectan la economía de los productores, transportistas y demás usuarios de este combustible. Desviarlo es un delito que la ANH regulará dentro de su competencia normativa”.

Finalmente, Ayala convocó a las instituciones involucradas en la asignación de volúmenes, como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Dirección General de Sustancias Controladas, a sumarse al control interinstitucional para frenar el desvío de combustibles.

“No se tolerarán hechos de corrupción, y no se permitirán irregularidades”, afirmó Sergio Barba Gonzales al ser posesionado esta mañana como nuevo director nacional del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.