El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, alertó este lunes que al menos 1.200 cisternas cargadas con combustible de importación se encuentran paralizadas debido a los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país.

“Tenemos casi 1.200 cisternas en el sistema de transporte que están afectadas”, afirmó Daroca, al señalar que la situación podría complicar el abastecimiento en los surtidores si las medidas de presión se prolongan.

El titular de YPFB explicó que gran parte del diésel importado ingresa desde puertos del Pacífico y circula hacia el occidente boliviano a través del paso fronterizo de Tambo Quemado. Sin embargo, los bloqueos han frenado el tránsito regular de los vehículos cisterna, generando un impacto logístico en la distribución de carburantes.

Daroca hizo un llamado a los sectores movilizados para que levanten las medidas de presión y permitan el paso de los camiones que transportan combustibles y otros productos esenciales. “No tiene sentido que continúen bloqueando con solicitudes que ya van más allá de lo que ellos habían pedido”, sostuvo.

El presidente de la estatal petrolera recordó que varias de las demandas vinculadas a la calidad de los carburantes ya fueron atendidas por el Gobierno y por YPFB. “Las observaciones sobre la calidad del combustible fueron respondidas, por lo que no hay justificación para mantener estas medidas”, enfatizó.

Mientras tanto, persiste la preocupación en distintas regiones del país por el posible desabastecimiento en los surtidores, un escenario que podría agravarse si los bloqueos continúan en los próximos días.

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El Ministerio de Desarrollo Productivo inició este lunes la distribución de al menos 10.000 kilogramos de carne de pollo en puntos de venta de La Paz y El Alto, tras el arribo de un cargamento trasladado desde Santa Cruz mediante un puente aéreo. La medida busca mitigar los efectos de los bloqueos de caminos que han dificultado el abastecimiento en las últimas semanas.

La carga fue recibida en la madrugada en la base aérea Diablos Negros de El Alto y posteriormente trasladada a diferentes centros de comercialización. Con esta acción, el Gobierno pretende normalizar la oferta y garantizar que las familias paceñas tengan acceso a este alimento básico.

Personal de la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor supervisó la recepción y comercialización en la zona de la Garita de Lima, uno de los principales centros de abasto de La Paz. Durante el operativo se verificaron precios y condiciones sanitarias para asegurar que el producto llegue en buen estado a los hogares.

La estrategia de puente aéreo responde a la necesidad de mantener el flujo de alimentos pese a las dificultades en las carreteras. Según las autoridades, este mecanismo permitirá sostener la distribución mientras se mantengan los bloqueos, evitando un desabastecimiento que afecte directamente a la población.

Con esta primera entrega de 10.000 kilogramos de pollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo reafirma su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria y proteger la economía familiar en un contexto de crisis logística. Se prevé que nuevas cargas continúen arribando en los próximos días para reforzar la oferta en los mercados paceños y alteños.

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Los bloqueos que cercan a La Paz han encendido las alarmas en el sector industrial y productivo del país. Según la Cámara Departamental de Industrias, la región pierde hasta 15 millones de dólares por día, mientras que a nivel nacional las pérdidas ascienden a 60 millones diarios.

“El departamento pierde alrededor de 10 a 15 millones de dólares al día, y el país entre 50 y 60 millones. Aquí no hay un solo ganador, todos somos perdedores”, advirtió José Eduardo Iriarte, presidente de CADINPAZ.

La crisis ya se refleja en los mercados. “No tenemos provisión de materiales de construcción, tenemos escasos alimentos, el pollo ha subido el doble, verduras, vegetales y frutas casi no se encuentran”, señaló Iriarte, quien pidió al Gobierno tomar acciones inmediatas.

El sector industrial también se ve obligado a paralizar operaciones. “La industria pierde entre 2 y 3 millones de dólares al día. Algunas plantas ya han parado por falta de insumos”, añadió el ejecutivo.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó sobre el impacto social de la crisis. “Estamos con camiones parados con alimentos, hay hospitales preocupados por el abastecimiento de oxígeno y familias viviendo en angustia e incertidumbre”, expresó su presidente, Gonzalo Morales.

Morales también hizo un llamado a los sectores movilizados: “Una cosa es protestar y otra muy distinta es impedir que la gente acceda a alimentos y medicamentos. Cada día de bloqueo significa empresas paradas, cosechas perdidas y trabajadores sin ingresos”.

Por su parte, dirigentes campesinos y obreros anunciaron que las medidas de presión se intensificarán. Vicente Salazar, de la Federación Tupak Katari, afirmó que “ya no es momento de diálogo” y exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La CNI advirtió que los bloqueos deterioran la imagen internacional de Bolivia como destino de inversión y generan incertidumbre económica. “Esto provoca una desaceleración del crecimiento y mayor presión inflacionaria. El riesgo de desabastecimiento es real y afecta directamente a la canasta familiar”, concluyó Morales.

La situación en La Paz se agrava con cada jornada de bloqueo, y los líderes industriales insisten en que, si no se soluciona pronto, el país enfrentará no solo pérdidas económicas, sino también un grave riesgo humanitario.

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La jornada de este lunes amaneció con un panorama complicado en las carreteras del país. Según el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), más de 30 puntos de bloqueo interrumpen el tránsito en siete departamentos, generando un impacto directo en la movilidad y en las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.

En La Paz se concentra la mayor cantidad de cortes, con 18 puntos de bloqueo que afectan rutas estratégicas como la carretera hacia Oruro, el acceso al lago Titicaca y el camino a Desaguadero, frontera con Perú. La situación ha provocado que el transporte público y privado quede prácticamente paralizado en varias zonas del altiplano.

Los conflictos sociales que originan estas medidas de presión están liderados por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), que convocó a un paro nacional con bloqueos. Como consecuencia, las unidades educativas del país suspendieron clases, dejando a miles de estudiantes sin actividades escolares.

En Santa Cruz, los bloqueos se ubican en puntos clave como el tramo Ipati - Boyuibe, el sector San Julián en la ruta Cuatro Cañadas - Puente San Pablo, y el puente Abapó en la carretera hacia el Chaco. También se reportan cierres en Montero, Santa Rosa de La Roca y San Ignacio de Velasco, afectando la conexión con el oriente y la frontera brasileña.

Otros departamentos también sufren interrupciones: tres puntos en Beni, cuatro en Oruro, uno en Potosí, uno en Chuquisaca y uno en Cochabamba (Villa Tunari). En todos los casos, las movilizaciones campesinas se suman a las protestas del sector educativo, ampliando el alcance de los bloqueos.

La tensión social se refleja en la magnitud de las medidas de presión, que no solo afectan el transporte, sino también el comercio y el abastecimiento de productos básicos. El Gobierno aún no ha anunciado una solución inmediata, mientras los sectores movilizados mantienen firme su postura de continuar con los bloqueos hasta lograr respuestas a sus demandas.

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