La Comisión Multidisciplinaria para la Lucha Contra la Violencia en Unidades Educativas acordó este jueves sobre la base de insumos recogidos en diferentes departamentos elaborar un Plan de Acción, ajustar contenidos de educación sexual integral y una mayor articulación con las alcaldías y las gobernaciones.
El ministro de Educación, Edgar Pary, informó de los acuerdos alcanzados y explicó que hasta el 27 próximo debe contarse con el Plan de Acción concertado, mientras tanto se irán poniendo en marchas las acciones e iniciativas pactadas en cada departamento.
La Comisión Multidisciplinaria para la Lucha Contra la Violencia en Unidades Educativas fue activada en la reunión del Consejo de la Niñez, donde participó el presidente Luis Arce. Fue una de las decisiones tomadas en el encuentro de alto nivel ante los hechos de violencia que protagonizaron estudiantes en unidades educativas, entre ellos violaciones y agresiones físicas.
También se acordó la revisión de la constitucionalidad o pertinencia legal de propuestas en el ámbito penal y el análisis de los contenidos curriculares sobre educación sexual integral, al margen de los integrados en la actualización de la malla curricular.
“Es necesario ajustar de manera conjunta, para seguir fortaleciendo el trabajo desde las unidades educativas y los diferentes niveles del sistema educativo plurinacional”, explicó respecto a la malla curricular.
Otra conclusión apuntó a la articulación de acciones con los gobiernos municipales y departamentales, porque las Defensorías de la Niñez y Adolescencia están vinculadas de manera directa a los gobiernos municipales y a las unidades educativas.
Una subcomisión estará encargada de la elaboración del Plan de Acción, donde se sistematizará los resultados de los trabajos realizados en los nueve departamentos y las propuestas de otras instituciones para luchar contra la violencia en unidades educativas
En el encuentro participaron autoridades de los ministerios de Educación, Justicia y Gobierno, directores departamentales de Educación y representantes de padres de familia, de estudiantes de secundaria, de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Boliviana, del Magisterio Rural, de la Universidad Mayor de San Andrés, de pueblos indígenas, entre otras instituciones. // ABI