El Gobierno del presidente Luis Arce “no tolerará avasallamientos ni tráfico de tierra venga de donde venga” y hará cumplir las leyes con aquellas personas que ocupen ilegalmente algún predio.
La comisión de la CIDH identificó vulneraciones a los derechos humanos en el paro de 36 días en Santa Cruz y expresó su preocupación por estos hechos de violencia y discriminación, remarcando que no son parte del derecho a la protesta.