La Fiscalía General del Estado aclaró la tarde de este jueves, a través de un comunicado, que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido en el marco del caso de investigación «Golpe de Estado I» y descartó que se haya tratado de un secuestro o persecución política.
«La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz», informó la Fiscalía General.
La entidad aclaró que el gobernador Camacho tiene pleno conocimiento del proceso desde su inicio, el 28 de noviembre de 2020.
«En el marco de un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el artículo 226 de la Ley 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso.
En el caso Golpe de Estado I se investiga la comisión de los delitos de terrorismo y conspiración. En los procesos figuran también la exsenadora Jeanine Áñez y quienes la acompañaron en su administración de facto entre 2019 y 2020. Todos están bajo investigación, incluso el padre del gobernador Camacho.
El gobernador cruceño es uno de los principales investigados porque en el 2019 era presidente del Comité Pro Santa Cruz y lideró las protestas cívicas que derivaron en la crisis de noviembre de ese año con el cambio de gobierno.
En un video difundido en las redes sociales, Camacho reveló que su padre cerró un acuerdo con militares y policías para que no salieran a reprimir las movilizaciones en contra del gobierno en 2019.
“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan (…) con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, dijo Camacho a un grupo de personas en ese video.
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