El Comité pro Santa Cruz, mediante su brazo operativo la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), desencadenó una ola de actos violentos, racistas y discriminatorios. Ahora deben responder por los delitos cometidos durante los 36 días de paro cívico
, afirmó el abogado constitucionalista, experto en seguridad y defensa Pedro Ugarte.
“El florecimiento (crecimiento) del racismo ha venido por parte del Comité pro Santa Cruz, hay un sinfín de filmaciones en las redes sociales que demuestran que ellos son los únicos que han establecido el racismo contra la gente que decidió trabajar y que apostó por la reactivación económica”, explicó Ugarte en entrevista con la ABI.
Relacionó los hechos violentos en Santa Cruz con los ocurridos en el año 2008, cuando pretendía instaurarse la denominada “media luna”, con una facción opositora de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba para desestabilizar al Gobierno y formar su propio Estado.
Según el experto, los cívicos -mediante su brazo operativo o grupos de choque- cometieron actos de racismo y discriminación contra la población indígena, gremiales, trasportistas y otros opuestos a la medida de presión cívica, que provocó pérdidas económicas superiores a los $us 1.000 millones.
Ante esa situación, y tras que los promotores del paro argumentaran que existe persecución política, los desafió a responder por los delitos en los que incurrieron durante el paro.
“La Policía solo coadyuva al trabajo que realiza la Fiscalía y es el órgano operativo para hacer cumplir las determinaciones de los jueces y los fiscales (…) lo que debe hacer el Comité pro Santa Cruz y las personas que han cometido delitos es responder por sus actos”, aseguró Ugarte.
Durante la medida de presión promovida por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo se cometieron una serie de vulneraciones a los derechos humanos en los puntos de bloqueo, que se convirtieron en tierra de nadie donde se generó una serie de violencia.
Además, los grupos de choque arremetieron contra la población más humilde, saqueando sus negocios, agrediéndolos e incluso destruyendo y quemando sus sedes como la de los campesinos.
El 15 de noviembre, la Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a investigar los hechos violentos en Santa Cruz. Este organismo internacional condenó los actos de racismo y discriminación en Santa Cruz como producto del paro cívico. //Agencia Boliviana de Información