La diputada del MAS-IPSP Estefanía Morales presentó una denuncia penal en contra de los grupos violentos que saquearon a los gremialistas de la feria de Barrio Lindo en Santa Cruz, durante los 36 días de paro cívico, por los delitos de incitación pública a delinquir
, organización criminal, atentado contra bienes públicos, entre otros.
Además, la legisladora instó al Ministerio Público a identificar a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista que asediaron los centros de abasto, cita un reporte de la Cámara de Diputados.
“Esto ha sido por los hechos suscitados en la feria de Barrio Lindo, donde destrozaron con piedras y palos, no los dejaban trabajar ni circular a los gremialistas. Estamos presentando esta denuncia. También vamos a solicitar que el Ministerio Público investigue de manera efectiva las imágenes y filmaciones de los hechos ocurridos el 23 de noviembre. No olvidemos que los grupos delincuenciales se hacían llamar miembros de la Unión Juvenil Cruceñista”, declaró Morales.
El día 33 del paro indefinido en Santa Cruz, el 23 de noviembre, grupos radicales provocaron zozobra en barrios y mercados, atentando el derecho al trabajo de los gremialistas en la zona de Barrio Lindo en el cuarto anillo de esa urbe. Ese día, personas violentas, muchas encapuchadas, con palos y hasta hondas, no permitieron que los comerciantes denominados “mañaneros” instalen sus puestos de venta en la feria.
“Como diputadas del Movimiento Al Socialismo estamos presentando una denuncia penal por los hechos suscitados en la zona del barrio lindo en contra de los hermanos gremialistas. Vamos a denunciarlos por los delitos de incitación pública a delinquir, organización criminal, atentado contra los bienes públicos, incitación a racismo y discriminación y atentados en contra de la libertad del trabajo”, agregó la diputada.
El pasado sábado en la madrugada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral.
A las pocas horas de aprobada la normativa, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, declaró un cuarto intermedio en la medida de presión que duró 36 días, ocasionó al menos cuatro muertos, varios heridos, violaciones a los derechos humanos y generó un daño económico superior a los $us 1.000 millones.
En tanto, el martes, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que establece que, en base a los datos oficiales de población del Censo, el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024 y que se remitirán los resultados al Tribunal Supremo Electoral para que elabore un proyecto de ley de distribución de escaños.
//Agencia Boliviana de Información