El vocero presidencial, Jorge Richter, denunció que el “matonaje político” de los sectores radicales de oposición busca generar “inestabilidad en el país”. Dijo que tiene relación con la violenta agresión a la asambleísta departamental Muriel Cruz y a otras mujeres electas en el país.
La declaración la hizo en referencia al anuncio del presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, quien exhortó a la unidad para hacer frente al gobierno del MAS luego de la aprehensión y detención preventiva de 13 personas involucradas en la brutal golpiza a la asambleísta Muriel Cruz.
Richter detalló que estos grupos actúan en tres líneas: la primera es el “matonaje político”, en la que intimidan, golpean y generan miedo.
La segunda es la distorsión de la realidad, y la tercera consiste en llamar a una confrontación o movilización porque se sienten “víctimas”, como sucede ahora con el anuncio del Comité pro Santa Cruz. Advierte de un nuevo intento de desestabilizar el país.
Por lo ocurrido en Santa Cruz, con Muriel o con “la concejala de Cochabamba Claudia Flores, no son hechos aislados y no pueden quedar como un anecdotario. Esto se debe investigar hasta dar no solo con los responsables de la agresión, sino con los autores del plan violento”, enfatizó Richter en Cochabamba.
La semana pasada, la concejala Claudia Flores, disidente de Súmate, fue golpeada en la sede del Legislativo municipal por un grupo de comerciantes simpatizantes del alcalde Manfred Reyes Villa. La autoridad aún está con atención médica.
A este caso se suman otros registrados por la Defensoría del Pueblo. Para Richter, esta violencia que no es reciente, que se acentúo desde el paro cívico de 2019 en Santa Cruz, no hace más que evidenciar el “matonaje político” con el que actúan grupos opositores contra quienes piensan distinto y que cuando vulneran derechos constitucionales “tratan de desfigurar la realidad y de forma inmediata” acusan al Gobierno.
Aseguró que las investigaciones sobre violencia política que sigue el Ministerio Público no pueden ser selectivas y que tanto en el caso de la asambleísta Cruz como en el de la concejala Flores, de Cochabamba, la Fiscalía debe mostrar celeridad.
Resaltó que la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en 2009, contiene preceptos de inclusión indígena y de la participación de la mujer, algo con lo que no están de acuerdo los grupos “fascistas de derecha”. // Ahora El Pueblo