La exejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino, Yamile Cruz, junto a autoridades y representantes sociales de la región, conformó el Comité de Defensa del Litio, una instancia que en días pasados entregó al nuevo gobierno una propuesta integral orientada a fortalecer la industrialización del litio con criterios de soberanía y beneficios directos para las regiones productoras.
Cruz explicó que el documento —elaborado durante más de tres años— plantea un modelo de gestión con mayor presencia del Estado, un esquema de regalías más equitativo para Potosí y otras zonas productoras, además de mecanismos estrictos de control ambiental. Añadió que el Comité acompañará de manera permanente los procesos de aprobación de contratos con empresas extranjeras para garantizar transparencia y cumplimiento.
Durante una entrevista con radio Fides, la representante destacó que el trabajo es “técnico, serio y profundamente patriótico”, construido a partir de las demandas sociales tanto de Potosí como de Oruro. Resaltó que el proyecto de Ley de Litio y Recursos Evaporíticos surge de las bases sociales y no de enfoques aislados o externos.
La propuesta plantea que Bolivia mantenga más del 51% de participación en toda la cadena industrial del litio, con el objetivo de resguardar la soberanía económica y evitar que la riqueza evaporítica beneficie únicamente a intereses ajenos al país. También establece que los acuerdos con empresas extranjeras se realicen exclusivamente con compañías que cuenten con tecnología verificada y capacidad operativa real.
En el ámbito económico, el planteamiento incluye regalías de entre el 10% y 20%, ajustables automáticamente según la cotización internacional del litio. Según Cruz, este esquema permitiría que “por primera vez las riquezas del litio lleguen al pueblo potosino y a todas las regiones productoras”.
El Comité subrayó además la importancia de aplicar consultas previas, estudios hidrológicos y un monitoreo continuo del impacto ambiental, elementos esenciales para construir una industria sostenible que resguarde los ecosistemas del altiplano.
Finalmente, los representantes anunciaron que se mantendrán vigilantes ante cualquier negociación o contrato relacionado con el litio, con el fin de garantizar que los beneficios económicos y tecnológicos permanezcan en Bolivia y aporten al desarrollo nacional.