El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó ayer que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, recluido en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, goza de todas las garantías del debido proceso, en respuesta a versiones en sentido de vulneraciones a sus derechos, como denunciaron sus abogados y políticos opositores.
“Existen otros temas en investigación que deben ser llevados conforme al debido proceso (…) Acá los elementos jurídicos deben darle tranquilidad a la población de que no está habiendo ningún exceso y que se está logrando resguardar el debido proceso”, sostuvo Lima en declaraciones al canal estatal Bolivia TV.
El Ministro de Justicia aseguró que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) se garantiza el derecho a la salud, a su defensa a través de la participación plena de sus abogados y de las visitas de su familia, bajo el seguimiento de Régimen Penitenciario, el Ministerio de Salud y todas a las instancias del Ministerio de Gobierno.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre por orden fiscal en el caso Golpe de Estado I, que hace referencia al cambio de Gobierno en noviembre de 2019, por lo que es acusado de terrorismo. El 30 del mismo mes un juez lo envió al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, con detención preventiva por cuatro meses.
Lima consideró que la participación de Camacho en el golpe de 2019 fue esencial al generar el amotinamiento de la Policía, el llamado de las Fuerzas Armadas a la renuncia del presidente Evo Morales, las acciones con la autoproclamación de Jeanine Añez y la consolidación de ese gobierno con las masacres de Sacaba y Senkata, donde perdieron la vida más de 30 personas.
La autoridad también indicó que lo importante en el proceso investigativo es la acumulación todas las pruebas, recibir las declaraciones de todos los testigos que fueran necesarias e incluso hacer la reconstrucción de los hechos.
“El proceso (contra Camacho) termina con una acusación o un sobreseimiento, lo que corresponde en este periodo es acumular todas las pruebas, tomar las declaraciones de los testigos que sean necesarias y hacer la reconstrucción”, explicó Lima.
Aclaró que si el imputado declara que agotó su prueba, el juez tendrá que dictar una audiencia de apelación de medida cautelar.
“Se le han impuesto cuatro meses de detención preventiva”, recordó Lima.
CIDH
El Ministro de Justicia se refirió también a la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de enero. Recordó que se trata de un trabajo acordado para conocer los avances que el Gobierno nacional hizo en relación a las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue entregado al presidente Luis Arce.
“Estamos en permanente diálogo con ellos para que cada una de las recomendaciones pueda aplicarse, pueda implementarse a plenitud. El año pasado tuvimos ya la Cumbre Contra el Racismo y la Discriminación, que era uno de los mandatos que teníamos”, dijo.
Una delegación de la CIDH arribará a Bolivia el 23 de enero para verificar los avances de las recomendaciones del informe del GIEI.
El sábado, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, recordó que es la segunda vez que el grupo visita el país, y anticipó que en esta ocasión las reuniones se tratarán a nivel ejecutivo, porque arribará al país un comisionado de la CIDH junto a su equipo. Además el encuentro se constituye en el primero de cuatro visitas que se programaron para este año.
Elecciones judiciales
El ministro Lima también se refirió a las elecciones judiciales, donde se elegirán 26 altos cargos.
“El mandato de los magistrados que están actualmente en Sucre termina el 31 de diciembre y para elegir magistrados debe haber un acuerdo en la Asamblea Legislativa para dos tercios de votos”, señaló la autoridad.
En Bolivia por voto se elige a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
//Ahora El Pueblo