La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó un avance positivo del Estado boliviano en la reparación de daños por la violación de derechos humanos, ocurridos a finales del 2019, en su primer informe de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“El Informe es más bien positivo para el desempeño del Estado boliviano, pues de las 15 recomendaciones evaluadas, dos han sido de cumplimiento total, tres de cumplimiento parcial sustancial, nueve de cumplimiento parcial y una sola está pendiente de cumplimiento”, escribió en sus redes sociales.
La Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG-Bolivia) de la CIDH publicó en los últimos días el informe sobre el primer año de su trabajo (marzo 2022 a marzo 2023), con la evaluación de 15 recomendaciones priorizadas de las 36 realizadas por el GIEI sobre los sucesos acaecidos a partir de octubre de 2019.
La CIDH encamina desde marzo un segundo año de seguimiento para identificar y actualizar las medidas implementadas, sus desafíos y los resultados obtenidos, así como la evaluación de las faltantes recomendaciones que fueron contempladas en su primer informe. Según el cronograma, se prevé que este análisis concluya en su totalidad en marzo de 2024.
El ministro Lima detalló que entre los aspectos más destacados por el Primer Informe de la MESEG están que reconoce el liderazgo del presidente Luis Arce al derogar el Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos No. 4461; también destaca como algo cumplido en su integridad la realización de la Cumbre Nacional contra el Racismo y Discriminación los días 6 y 7 de diciembre de 2022, dando por cumplidas las recomendaciones 10 y 28, respectivamente.
También evalúa positivamente el fortalecimiento de independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), que actualmente fue transferido a la Defensoría del Pueblo; la creación de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos y para Desapariciones Forzadas (D.S. 4816 de 26 de octubre de 2022); la creación e implementación del plan de trabajo para las recomendaciones, así como la entrega de información necesaria a todos los organismos en materia de derechos humanos a nivel regional e internacional, en el marco de Naciones Unidas (cumplimiento parcial sustancial de las recomendaciones 16, 35, y 36, respectivamente).
Con respecto a la recomendación 9, pendiente en su cumplimiento, la argumentación del informe del CIDH señala que el órgano judicial haga un control permanente de las investigaciones para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía.
“Hemos comunicado respecto a esta observación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torrez; al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, y hemos conversado también con el Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa), ya que estas recomendaciones, si bien afectan al Estado Plurinacional de Bolivia, al cual representamos, tienen que realizarse en el ámbito de coordinación e independencia por órganos del Estado que no son el Órgano Ejecutivo”, aclaró Lima.
En ese contexto, manifestó que en relación con la recomendación 9 se asumirán acciones propositivas que serán informadas tanto por el fiscal general del Estado como los presidentes de los tribunales de justicia.
Reunión Bolivia-CIDH
El ministro Lima informó que el Gobierno boliviano pidió a la CIDH una reunión el 10 de noviembre en Washintón, Estados Unidos, para efectuar un seguimiento al portafolio de recomendaciones al país.
“Van a acudir diferentes autoridades para brindar mayor información. Hay puntos del informe que podemos mejorar, que vamos a explicarle a la CIDH”, dijo el titular de Justicia en conferencia de prensa.
Detalló que adicionalmente el organismo indicó que analizará dos temas con relación a Bolivia:
“Les ha llamado la atención el rechazo que ha habido en la Asamblea Legislativa a la ley de imprescriptibilidad de delitos contra niñas, niños y adolescentes y, por lo tanto, a pedido de una organización de la sociedad civil se va a discutir esa temática de los matrimonios infantiles en Bolivia en la sesión del 10 de noviembre y también nos han pedido analizar la materia referida a la justicia constitucional”, detalló.
Agregó que ambas temáticas serán acompañadas por la solicitud del Estado boliviano de brindar mayor información sobre la implementación de las recomendaciones del GIEI. // Ahora El Pueblo