El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que en cinco operativos contra los avasallamientos se aprehendió a 18 personas que fueron imputadas por el Ministerio Público.
“Muchas de esas personas se encuentran aprehendidas guardando reclusión en el centro penitenciario de Palmasola”, informó el ministro en el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.
Del Castillo explicó que los operativos se ejecutarán en Cochabamba después de intervenir los avasallamientos en Santa Cruz, ya que es el departamento que registra mayor cantidad de asentamientos ilegales.
“Estos operativos no han concluido, sino todo lo contrario, este el es inicio para darles garantías a todos los propietarios que tienen un predio pequeño, mediano o incluso grande”, advirtió.
La autoridad adelantó que la persona que cometa esos delitos será procesada conforme a la ley, sin importar su color político, condición económica o social.
La autoridad informó que en 2022 se reportó un promedio de 22 denuncias de avasallamientos por mes.
“Nosotros no vemos si corresponde a un color político, nosotros no vemos si pertenece a alguna organización social o si es un empresario privado”, afirmó Del Castillo.
Según datos de la autoridad de Estado, desde 2017 hasta 2022 hubo más de 2.390 denuncias de avasallamientos en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que en 2022 hubo un promedio de 22 denuncias por mes, comparado con 2017, cuando se reportaron 48 denuncias por mes.
“Hemos logrado reducir drásticamente en la gestión 2021 y 2022 las denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras en todo el territorio nacional”.
Explicó además que los avasalladores son grupos organizados, ya que atacan a las tierras más fértiles para la producción.
“Lo que estamos buscando es generar una sanción ejemplar contra aquellas (personas) que atentan contra el patrimonio que no les pertenece”, aseguró el ministro.
En el operativo se movilizaron más de 900 efectivos policiales, en un trabajo conjunto con el Gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno, la Policía nacional, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
El director del INRA, Eulogio Núñez, afirmó que el 90% de las tierras rurales en Bolivia tienen seguridad jurídica y advirtió de que el Gobierno nacional no tolerará avasallamientos o tráfico de tierras en ninguna región del país. //Periódico Ahora El Pueblo