El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que la persistencia de bloqueos y paros “destruye la economía” y limita la capacidad del Estado para atender las demandas sociales. En entrevista con Red Uno, exhortó a los sectores movilizados a dejar de lado las medidas de presión y priorizar el diálogo.

“El camino no es este, el camino de destruir la economía es el que va a garantizar que no se pueda atender a las legítimas reivindicaciones económicas”, afirmó la autoridad, al señalar que la cultura del bloqueo y la violencia solo genera “días muy malos para el país”.

Lupo subrayó que gran parte de las demandas tienen origen económico, pero advirtió que las medidas de presión reducen la capacidad productiva y la generación de excedentes, lo que limita la posibilidad de dar respuestas a los reclamos. “Si paralizamos la producción, no habrá recursos para atender las necesidades”, remarcó.

En ese marco, recordó que el presidente Rodrigo Paz convocó a construir una agenda nacional con participación de todos los sectores, orientada a superar la actual coyuntura económica. “El Gobierno impulsa el diálogo como principal vía de solución”, enfatizó.

El ministro también señaló que la administración actual heredó una economía en crisis, lo que restringe la disponibilidad de recursos. “La paralización de actividades agrava la situación y afecta tanto al sector público como al privado, pero sobre todo a las familias bolivianas que viven de lo que generan día a día”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el abastecimiento de combustibles está garantizado y que se ejecutan acciones para atender problemas estructurales, como el mantenimiento de carreteras, mediante mesas de trabajo con distintos sectores. “Tenemos que trabajar y producir. La sociedad boliviana quiere vivir en paz y dejar atrás la cultura del bloqueo”, insistió.

Este martes, el sector transporte cumple bloqueos de caminos en demanda de mejoras de carreteras y combustible, pese a los llamados del Gobierno nacional a dialogar para evitar perjuicios a la población. “La solución está en la mesa de diálogo, no en la paralización”, concluyó Lupo.

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Este lunes se dio inicio oficial al mandato 2026–2031 de las autoridades subnacionales en Bolivia, con la posesión de gobernadores, asambleístas departamentales y alcaldes en las 9 gobernaciones y 335 municipios del país. El acto marca el cierre del ciclo electoral y la transición hacia nuevas administraciones regionales, luego de la entrega de credenciales y la instalación de los órganos legislativos departamentales.

Las nuevas autoridades asumen sus funciones en un contexto complejo, caracterizado por demandas sociales urgentes y desafíos económicos que requieren respuestas inmediatas. La presión ciudadana se hace sentir en distintas regiones, donde las movilizaciones y tensiones sociales acompañan el inicio de gestión, generando expectativas sobre la capacidad de los gobiernos departamentales y municipales para atender las necesidades locales.

El inicio de este nuevo periodo de gobierno subnacional representa también la oportunidad de renovar políticas públicas y fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno. Los retos incluyen mejorar la infraestructura, garantizar servicios básicos, impulsar el desarrollo productivo y atender las demandas de sectores sociales que exigen mayor inclusión y participación en la toma de decisiones.

En este escenario, las autoridades electas deberán demostrar liderazgo y capacidad de gestión desde el primer día, enfrentando un panorama marcado por la urgencia de resultados. La ciudadanía observa con atención el rumbo que tomarán las nuevas administraciones, conscientes de que los próximos cinco años serán decisivos para el desarrollo regional y la estabilidad social del país.

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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, lanzó este lunes un llamado a la ciudadanía para “trabajar por un mejor futuro de la patria” en lugar de optar por bloqueos, en medio de lo que calificó como un “sistema quebrado” en el país.

“Cuando les preguntas bloqueo o trabajo, te dicen bloqueo”, lamentó el mandatario durante la inauguración del Banco de Ojos en la ciudad de La Paz, donde criticó que algunas organizaciones prioricen la protesta antes que el desarrollo.

Paz advirtió que la situación económica de las alcaldías y gobernaciones es crítica. “Hoy día y mañana se posesionan varios alcaldes y gobernadores del país, no va a haber uno, acuérdense de lo que les digo, que no diga que sus instituciones estén quebradas”, aseguró.

El jefe de Estado insistió en que la falta de recursos es generalizada: ‘oigan, aquí tengo recursos’. Todo el sistema está quebrado, el sistema no funciona”.

Sin embargo, destacó la capacidad humana como motor de esperanza: “Tenemos un excepcional recurso humano que permite tener la esperanza que con sacrificio, esfuerzo y trabajo conjunto podamos llevar adelante los cambios”.

“Uno intenta ser presidente para mejorar la vida de la gente, más cuando toda la institucionalidad está quebrada, más cuando los recursos se usan de mala manera”, señaló, subrayando la necesidad de elegir entre “el pasado o el futuro de la patria”.

En ese contexto, pidió a la población definir una postura clara: “O retornamos a ese pasado que ustedes conocen muy bien o salvamos instituciones que están absolutamente quebradas para que sean de servicio y de utilidad para la patria”.

Finalmente, Paz reafirmó su compromiso con la transformación: “Uno intenta ser presidente para mejorar la vida de la gente, más cuando toda la institucionalidad está quebrada. Ahí tenemos que tomar una decisión: o pasado o el futuro de la patria, así de sencillo”.

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El presidente Rodrigo Paz anunció que Bolivia recurrirá a la cooperación internacional para enfrentar el sicariato y el crimen organizado, en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en distintas regiones del país. En entrevista con el programa Cabildeo Digital, conducido por la periodista Amalia Pando, el mandatario subrayó que el narcotráfico es un fenómeno global que requiere respuestas coordinadas más allá de las fronteras nacionales.

Entre el 11 de abril y el 2 de mayo se registraron al menos ocho asesinatos con características de sicariato, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad ciudadana. Uno de los casos más relevantes fue el del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, asesinado en Santa Cruz por presuntos sicarios que se desplazaban en motocicleta.

Paz vinculó el aumento de la violencia con la disputa interna de estructuras del narcotráfico, especialmente tras la captura del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera. Según explicó, este hecho habría intensificado la confrontación entre grupos criminales en Santa Cruz y Beni, generando un clima de inseguridad en la población.

El mandatario destacó que su gobierno ha logrado avances significativos en la lucha contra el crimen organizado, poniendo como ejemplo la captura de Marset en los primeros meses de gestión. “La voluntad está dada. La forma es cómo logramos que estos objetivos se cumplan y que la población sienta una lucha frontal contra el narcotráfico”, afirmó.

Finalmente, Paz reiteró que la cooperación internacional será clave para enfrentar un problema que trasciende las fronteras bolivianas. Con este llamado, busca articular esfuerzos regionales y globales que permitan frenar el avance del sicariato y fortalecer la seguridad en el país.

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