El procurador del Estado, Wifredo Chávez, informó este martes que presentará “todos los recursos necesarios” para hacer prevalecer los derechos del Estado frente al fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) y responsabilizó al gobierno de facto de Jeanine Áñez por haber dejado a Bolivia en la “indefensión” en este caso.
“El Estado va a ver todos los mecanismos legales para preservar los derechos de los bolivianos, en la misma línea estamos coordinando. Hemos cuestionado que el Tribunal se haya entrometido en temas que están vinculados a la soberanía nacional, a nuestra reserva energética, a nuestro presupuesto que está destinado al subsidio de los hidrocarburos”, explicó en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores.
El 17 de julio, los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN, Gustavo García Brito (boliviano), Hugo R. Gómez Apac (peruano) y Fernando Zapata aprobaron la sentencia que ordena al Estado boliviano permitir a los vehículos con matrícula extranjera acceder a combustibles a precio subvencionado. La demanda fue planteada por Perú.
El proceso tenía como antecedente un reclamo similar que el Gobierno de Perú presentó a la Secretaría General de la Comunidad Andina el 9 de enero de 2020 y que concluyó el 21 de agosto de 2020 con el Dictamen N° 001-2020 que estableció que “incumple con los principios de No Discriminación, Trato Nacional y Libre Competencia”.
En ese entonces estaba como procurador José María Cabrera Dalence, quien fue nombrado en el cargo por la expresidenta de facto Áñez, en diciembre de 2019.
De acuerdo con Chávez, Cabrera no actuó como debía en la “fase clave” de la “reclamación” e impugnación del Dictamen N° 001-2020 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
“Saben los abogados, y sobre todo saben los entendidos en derecho comunitario, que la fase clave en una reclamación de este tipo es la fase administrativa ante la Secretaría General, donde Bolivia ha estado en indefensión, prácticamente, solo darles un dato, Bolivia ha presentado fuera de plazo la única impugnación que podía hacerse contra el dictamen de secretaría general, esa Procuraduría que estaba tomada por los golpistas ha hecho eso”, denunció.
Chávez aseguró que el régimen de facto “nos ha dejado con un asunto totalmente fuera de lugar, con un plazo vencido y con un dictamen en contra de los bolivianos y bolivianas”.
“Nos han dejado con un 80 por ciento en contra, nosotros hemos hecho la defensa de acuerdo a los estándares y no he escuchado un solo punto de vista legal de que esta Procuraduría haya incumplido”, argumentó.
Ya en la gestión de Chávez, la Procuraduría fue notificada sobre el caso a finales de diciembre de 2020 y desde entonces se trabajó en la defensa, “ya con un dictamen en contra”. // ABI
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