El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, liderará la comisión boliviana que viajará a La Haya, Países Bajos, para escuchar este 1 de diciembre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el estatus y uso de las aguas del Silala.
Así lo confirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien se reservó emitir un criterio sobre las expectativas que tiene el Ejecutivo sobre el fallo del principal órgano judicial de las Naciones Unidas sobre el proceso iniciado por Chile el año 2016.
“Va ir una delegación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer seguimiento y conocer lo que va a determinar la Corte”, indicó Prada en declaraciones a un grupo de periodistas en La Paz.
El fallo será leído por la presidenta del tribunal, la jueza Joan E. Donoghue, en el Palacio de la Paz de La Haya, a las 15.00 (10.00 en Bolivia).
“Estamos expectantes de lo que vaya a suceder y una vez se conozca (el fallo) vamos a emitir nuestra posición”, puntualizó la ministra Prada.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, enfatizó que el Gobierno nacional llevó el proceso de forma responsable y apegada a los criterios técnicos que exigía el juicio que llega a su conclusión luego de más de seis años.
El Gobierno de Chile acudió el 6 de junio de 2016 a la Corte Internacional de Justicia en procura de que ese tribunal declare que el Silala es un curso de agua internacional y que en su calidad de ribereño tiene derecho al uso de sus aguas.
Frente a la ello, el Gobierno boliviano, además de responder al petitorio chileno, presentó demandas reconvencionales (contramemoria), incluyendo un estudio encargado a la consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) sobre los flujos de agua superficial y subterránea del Silala.
En este escrito, Bolivia solicitó a la Corte que reconozca que las aguas de los manantiales del Silala son parte de un curso de agua artificialmente mejorado y que su flujo natural es regido por el derecho internacional consuetudinario.
Además, solicitó que la Corte reconozca que el uso actual de Chile se efectúa sin perjuicio del derecho al uso de Bolivia. Por otra parte, se pidió que se establezca que ambas partes tienen derechos y obligaciones respecto a las aguas que fluyen en forma natural.
En sus contrademandas, Bolivia solicitó que la Corte reconozca su soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio y su derecho soberano a decidir si los mantiene y cómo lo hará.
Asimismo, Bolivia requirió que la Corte reconozca su soberanía sobre el flujo artificialmente mejorado por las obras y que la entrega de este flujo a Chile, incluyendo una compensación que debe ser pagada por esta entrega, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Bolivia.
En las audiencias orales, celebradas entre el 1 y 14 de abril, ambas naciones ratificaron sus solicitudes.
Con el fallo de este jueves concluirá el segundo caso que enfrentó a Bolivia y Chile en la Corte. El primero proceso lo inició Bolivia en 2013 en procura de que el tribunal sentencie que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar en favor de La Paz.
Luego de los alegatos escritos y orales, el 1 de octubre de 2018, la Corte, por 12 votos contra tres, concluyó que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia. //Agencia Boliviana de Información