La Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, anunció este martes la inhabilitación inmediata de 6.398 tarjetas B-SISA que fueron entregadas a distintos sectores, pero que fueron mal utilizadas, generando un perjuicio económico al Estado de más de 50 millones de bolivianos mensuales.
Estas tarjetas se emitieron bajo el Decreto Supremo N° 2243 de enero de 2015, que permite la compra de diésel entre 120 y 1.200 litros mensuales. Sin embargo, los primeros análisis de la ANH detectaron que gran parte del combustible fue desviado al mercado negro, debido a la falta de control durante la gestión anterior.
Ayala explicó que, desde 2015, se entregaron 29.610 tarjetas B-SISA, pero durante 10 años no se realizaron procesos de verificación ni depuración. En el primer mes de gestión, la nueva administración identificó estas 6.398 tarjetas irregulares, que representan el consumo de más de 4,5 millones de litros de diésel.
“Nadie realizó este control durante una década. Este es el primer resultado de una revisión profunda que estamos ejecutando con responsabilidad. No vamos a permitir que el combustible subsidiado se siga desviando ni que se siga robando al país”, afirmó la autoridad.
La Directora Ejecutiva agregó que la instrucción es clara: “No se cortará el derecho legítimo de consumo a ningún productor. Pero sí se eliminarán todas las irregularidades que afectan la economía de los productores, transportistas y demás usuarios de este combustible. Desviarlo es un delito que la ANH regulará dentro de su competencia normativa”.
Finalmente, Ayala convocó a las instituciones involucradas en la asignación de volúmenes, como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Dirección General de Sustancias Controladas, a sumarse al control interinstitucional para frenar el desvío de combustibles.