Mayo 01, 2026

JUSTICIA DE EE.UU. CONDENA A 25 AÑOS A EXJEFE ANTIDROGAS

Maximiliano Dávila, exjefe antidroga de 62 años, fue condenado a 25 años de prisión por su implicación en una conspiración para importar cocaína y por un delito relacionado con armas de fuego, según el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Según el reporte de la Fiscalía de los Estados Unidos, Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia, fue extraditado a EE. UU. en diciembre de 2024 y declarado culpable el 23 de octubre de 2025, después de un juicio de una semana ante la jueza Denise L. Cote, quien dictó la sentencia el jueves.

El principal funcionario antidrogas de Bolivia, “Dávila, abusó de su extraordinario poder para colaborar con narcotraficantes, contraviniendo su deber de investigar, con el objetivo de enviar grandes cantidades de cocaína a Nueva York” señaló Clayton

“El individuo será encarcelado durante 25 años en una prisión federal debido a su corrupción y al intento de inundar las calles con cocaína, mientras que las autoridades de la (DEA) seguirá trabajando para desmantelar la narcocorrupción en el mundo que afecta al país y a los neoyorquinos” mencionó

 

La jueza federal Denise L. Cote emitió una sentencia que señala que “las acciones del sindicado contribuyeron a la violencia, corrupción y adicción”. El administrador de la DEA, Terrance Cole, enfatizó que “ningún estatus, placa, ningún título ni ningún cargo protegerá a aquellos que priorizan el crimen sobre su deber”.

El exjefe antidrogas de Morales, Maximiliano Dávila, fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón, cercano a la frontera con Argentina. Dávila previamente ocupó roles destacados en la Policía boliviana, incluyendo director nacional de Inteligencia desde enero de 2018 y comandante departamental de Cochabamba desde noviembre de 2020, bajo el gobierno de Luis Arce.

FISCALÍA INVESTIGA A MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LUIS ARCE

El Ministerio Público ha iniciado una investigación por legitimación de ganancias ilícitas contra la familia del expresidente Luis Alberto Arce Catacora, resultando en la aprehensión de su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, en Santa Cruz de la Sierra.

El proceso se inició de oficio y no se basa en una denuncia, encontrándose actualmente en etapa preliminar y abarcando a varios miembros de la familia Arce, respaldado por indicios recolectados por el Ministerio Público.

La orden de aprehensión contra Marcelo Arce Mosqueira incluye a su padre, Luis Arce Catacora, y a sus hermanos, Rafael y Camila Arce Mosqueira, como investigados. La Fiscalía solicitará la detención preventiva de Marcelo Arce, argumentando riesgos procesales, como la posible obstaculización de la investigación y su falta de sometimiento al proceso.

Argumenta que hay indicios suficientes contra Marcelo Arce Mosqueira, quien se habría mantenido oculto. Después de la ejecución de la orden, fue llevado a la policía y permaneció en celdas bajo custodia esperando ser presentado ante la autoridad judicial.

También se menciona que el año pasado Arce fue investigado por violencia familiar, mientras que su hermano Rafael tiene órdenes de aprehensión por delitos relacionados con la adquisición sospechosa de bienes.

MARCELO ARCE INTENTÓ DARSE A LA FUGA

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, fue detenido en Santa Cruz el 18 de marzo de 2026 y enfrenta tres cargos de corrupción: legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo calificó como “corrupto múltiple” y lo vinculó con contratos irregulares, lavado de dinero y control de decisiones dentro de YPFB.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, intentó evadir a la Policía y darse a la fuga en un vehículo en Santa Cruz antes de su aprehensión.

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La intervención policial en la zona Equipetrol no se localizó a Arce Mosqueira, resultado del allanamiento se procedió a la incautación de $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco de YPFB, debido a que se le acusa de hacerse pasar por funcionario de la empresa estatal petrolera.

El operativo resultó en la aprehensión de cuatro individuos, identificados como Francisco D. T., Sergio B. D., Sergio R. y Sergio H. O., en un inmueble cercano, quienes supuestamente estaban acompañando al hijo del exmandatario.

El proceso contra Arce Mosqueira es por legitimación de ganancias ilícitas y está radicado en el Juzgado 27 de Instrucción Penal Anticorrupción de Santa Cruz, a cargo del juez Juan José Quiroz.

“Hemos actuado cumpliendo todos los procedimientos procesales y jurisdiccionales bajo una premisa: no es venganza. Este es un acto de justicia con el que el Gobierno demuestra su lucha contra la impunidad y la corrupción”, afirmó el ministro.

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión que incluye al expresidente Arce y a sus hijos, Luis Marcelo y Camila Daniela Arce Mosqueira. Se espera la audiencia cautelar para solicitar la detención preventiva de Marcelo Arce Mosqueira en el penal de Palmasola.

AMENAZA DE BOMBA EN EL COMANDO DE LA POLICÍA EN SANTA CRUZ

Se ha reforzado la seguridad en el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz tras la detención de siete extranjeros, seis colombianos y un ecuatoriano, presuntamente implicados en la planificación de un atentado contra instalaciones policiales.

El Comando de la Policía en Santa Cruz ha aumentado su seguridad con un despliegue de efectivos armados debido a amenazas de atentado relacionadas con Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo capturado recientemente.

La medida se toma tras la detención de siete ciudadanos extranjeros en El Naranjal, quienes, de acuerdo a las investigaciones, serían parte del anillo de seguridad del capo uruguayo que está actualmente detenido en Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió sobre grupos irregulares intentando generar violencia en la región. Este despliegue se basa en información obtenida de investigaciones que revelaron mensajes en teléfonos de extranjeros arrestados vinculados a Marset.

Las autoridades han implementado medidas de resguardo adicionales y mantienen una vigilancia reforzada en respuesta a la situación, mientras continúan investigando para prevenir acciones violentas y desarticular la red criminal.

PRIMERAS DETENCIONES DOMICILIARIAS CON VIGILANCIA DIGITAL EN BOLIVIA

Las medidas se implementaron en los municipios de Villa Serrano y Sucre, en Chuquisaca, utilizando esta innovación tecnológica.

En una audiencia de medidas cautelares, los juzgados de Tomina y Sucre ordenaron la detención domiciliaria con vigilancia digital para los imputados Elias C.S. y Zacarías C.V., de 61 y 21 años, respectivamente, utilizando el módulo ROMA-ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares), para el control.

El sistema digital ROMA-ARGO es una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial y geolocalización que permite monitorizar en tiempo real el cumplimiento de detenciones domiciliarias en Bolivia, con el objetivo de disminuir el hacinamiento carcelario y modernizar el control de medidas cautelares.

Las medidas implementadas en Villa Serrano y Sucre, Chuquisaca, incluyen “la georreferenciación, marcado biométrico remoto, autenticación digital periódica, y procesos automatizados de verificación técnica con informes referenciales y verificación aleatoria automatizada” señaló el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales

Este módulo, creado por la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación bajo la gestión del Fiscal general del Estado, Roger Mariaca, utiliza algoritmos de inteligencia artificial para validar la identidad del usuario a través del reconocimiento facial y otros métodos de seguridad, evitando suplantaciones durante detenciones domiciliarias controladas aleatoriamente.

Bolivia alcanzó un 91,31% en la reciente auditoría internacional de seguridad operacional aérea, marcando un récord histórico en comparación con años anteriores: 66% en 2013, 85% en 2016 y 77% en 2019. Esta evaluación abarcó mantenimiento de aeronaves, control de vuelos y respuesta ante amenazas como secuestros o atentados.