El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que la emboscada registrada esta madrugada en el municipio de Villa Tunari contra dos patrullas policiales no fue espontánea ni social, sino “organizada y financiada”.
Justiniano explicó que “tenemos evidencia contundente. Uno de los aprendidos envió mensajes por WhatsApp ofreciendo compensación económica a comunarios de la zona para bloquear los accesos, atacar a los efectivos y evitar la destrucción de los laboratorios”. Señaló que este hecho obliga a un mensaje muy claro: “Cuando se ofrece dinero a los comunarios para proteger una fábrica de droga, no estamos ante una protesta social. Estamos ante crimen organizado. El Estado no permitirá que las familias campesinas sean utilizadas como escudo humano por estructuras criminales que lucran con la violencia, el daño ambiental y la corrupción territorial”.
Durante la emboscada, los efectivos fueron agredidos “con piedras, petardos, machetes y otros objetos contundentes, provocando tres policías heridos con lesiones en la cabeza y pies, tres vehículos con vidrios destruidos y daños estructurales”. Justiniano aseguró que estos servidores públicos “estaban cumpliendo órdenes legales en defensa de la ley y de la salud de las comunidades. A sus familias y a sus unidades, quiero decirles, no están solos. El Estado los respalda”.
El viceministro enfatizó la diferencia entre la comunidad campesina y las estructuras criminales: “Una cosa es la comunidad campesina que trabaja la tierra, que merece apoyo, inversión, camino, salud y oportunidades. Otra cosa muy distinta es la estructura que compra voluntades, que infiltra territorios y utiliza a esa comunidad pobre como fuerza de choque para defender laboratorios de droga. Hoy denunciamos que hubo pago y coordinación para movilizar a comunarios contra la policía. Eso no es lucha social. Eso es instrumentalización y degradación de la vida comunitaria. Nuestro trabajo está orientado a proteger la comunidad real y desmontar el poder criminal que opera detrás de ella”.
En la operación Sol Naciente, unidades de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) intervinieron en zonas de Villa Tunari, llegando al sindicato Nuevo Aroma, donde “se identificaron, destruyeron e incineraron diez fábricas móviles dedicadas a la producción de pasta base de cocaína. En el lugar se encontraron precursores químicos y equipos industriales, entre ellos moledoras, coca molida, ácidos solventes, recipientes para cristalización y materiales logísticos. Estos elementos no solo producen droga, también contaminan los ríos, envenenan el suelo y ponen en riesgo la salud de las familias que viven ahí”.
El viceministro informó que se realizaron siete aprehensiones de personas de sexo masculino, se incautaron tres vehículos y dos motocicletas, y que toda la información forma parte de la cadena de custodia que será presentada al Ministerio Público.
Justiniano reafirmó que “no vamos a confundir comunidad con crimen. A los primeros los vamos a proteger y apoyar. A los segundos los vamos a desarticular. No habrá zonas liberadas, no habrá convivencia con el narcotráfico, no habrá impunidad para quienes atacan a la policía. Cada fábrica destruida es menos violencia en las ciudades, menos jóvenes reclutados y más futuro para las comunidades que viven del trabajo y no de la droga”.
El viceministro indicó que la persona que envió mensajes a los comunarios “está identificada y en proceso de investigación”, y que en total hay siete personas aprehendidas, incluyendo jóvenes, algunos menores y otros mayores, “se van a tomar las providencias del caso”.
Sobre cooperación internacional, Justiniano destacó que Bolivia mantiene la coordinación con agencias extranjeras en la lucha contra el narcotráfico: “La DEA y otras agencias vuelven al país. El narcotráfico no tiene fronteras. Nosotros como bolivianos no tenemos por qué darle esas ventajas a los narcotraficantes”.