El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, coronel DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, informó que en el primer semestre de 2025 las acciones del Gobierno nacional permitieron afectar al contrabando en aproximadamente 62,9 millones de bolivianos.
Durante este período, se comisaron 209 vehículos y se procedió a la incineración de 33 motorizados. Desde la promulgación del Decreto Supremo 5402, el impacto económico sobre esta actividad ilícita asciende a 18 millones de bolivianos, detalló la autoridad en conferencia de prensa.
En relación a los operativos más recientes, Velásquez reportó que se logró la incautación de 96.540 unidades de huevo, 24 quintales de azúcar, 40 quintales de afrecho y frangollo, 4.000 litros de diésel, 40 garrafas de gas licuado, ocho vehículos, 74 celulares y 17 cabezas de ganado, equivalentes a 5.100 kilos en pie. Esta mercadería fue entregada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y representa una afectación al contrabando de más de 3,1 millones de bolivianos solo en la última semana.
Las operaciones están enmarcadas en la Ley 1053, que faculta a las Fuerzas Armadas y al Comando Estratégico Operacional (CEO) a intervenir en actividades de contrabando, incluso haciendo uso de armamento en situaciones evaluadas como amenazas, respetando las normas y procedimientos vigentes. Cuando existe intento de recuperación de la mercadería por parte de contrabandistas, el personal está autorizado a destruir o incinerar los productos ilegales.
La normativa vigente, incluida en el Código Tributario, establece que la exportación agravada —el traslado ilegal de mercancías por pasos no autorizados— es un delito sancionado con penas de hasta 14 años de prisión.
Respecto a un caso detectado recientemente en la frontera con Argentina, el viceministro informó que se investiga el contrabando de aproximadamente 30 toneladas de aceite de soya trasladadas mediante mangueras clandestinas. La operación ilegal, que se habría realizado entre 2022 y 2024, generó un movimiento estimado de 2,4 millones de dólares. En el lado argentino ya se detuvo a cuatro personas, y en Bolivia se llevan adelante las investigaciones para identificar a los implicados.
RPN