Se mantiene la confidencialidad” del Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Separatismo y Terrorismo y los comentarios sobre su contenido “son especulaciones”, aclaró este martes el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
“Como Estado tenemos que respetar los principios que rigen este tipo de informes que no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún carácter vinculante”, dijo en rueda de prensa tras descartar que emergente del contenido del documento se inicien procesos judiciales.
Versiones de un posible juicio a una exautoridad son “especulaciones”, remarcó.
El Ministerio de Justicia señaló ayer de forma oficial que, respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio sobre el Informe porque se encuentra en el marco de la reserva.
El juicio en Bolivia sobre el caso se inició en 2009 y fue “archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, recordó Justicia el comunicado.
El ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, preso por corrupción en Estados Unidos, fue el autor de esa decisión.
Chávez dijo que fue “extraño” cómo el caso, en una acción “reñida con el derecho”, fue cerrado en 2020, durante el gobierno de facto.