Luego de develarse que la causa de la intoxicación de 19 estudiantes del colegio Germán Gmeiner, de la zona paceña de Mallasa, fue por la respiración de veneno para ratas, evaporada en el ambiente, la concejal Roxana Pérez Del Castillo pidió este jueves que el alcalde Iván Arias y otros responsables de este hecho —que provocó la muerte de una joven— sean procesados “con todo el peso de la ley”.
“La Fiscalía tiene que procesar y determinar si existen sindicados; en mi criterio, debe estar el alcalde (Iván Arias), la exsecretaria de Educación, Amparo Morales, hoy directora jurídica; y la subalcaldesa de Mallasa (María del Carmen Navarro), quienes además de ser las personas responsables de la desinfección, procesada tan irresponsablemente, han revictimizado a las víctimas y obstaculizado el proceso, señalando que se trataba del consumo de sustancias controladas, en vez de abrir la investigación para llegar a la verdad material de los hechos”, dijo en una entrevista en Bolivia TV.
El hecho ocurrió el 17 de agosto, cuando los estudiantes volvieron al colegio tras un desfile y un saludo a la bandera. Inicialmente, 24 personas sintieron malestares, pero solo 19 fueron evacuadas.
Desde el 19 de agosto, y por varios días, los padres de familia realizaron protestas para mostrar su molestia con las declaraciones del alcalde y para solicitar más información. Desde entonces se suspendieron las clases en esta unidad educativa.
Ayer el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) informó que los exámenes toxicológicos realizados en el colegio develaron la existencia de órganos fosforados, es decir veneno para roedores evaporado en el aire.
Una semana antes del fin de las vacaciones invernales, la directora del colegio solicitó a la alcaldía realizar una fumigación por la proliferación de ratas en el lugar; pero no se consideró que ese tipo de tóxico tarda hasta 90 días en perderse, explicó el director de la IITCUP, Rolando Bilbao.
La temperatura y el viento colaboraron para que el tóxico se evapore en el aire y provocó la afectación en la salud de las 19 estudiantes de la banda del colegio, quienes luego del desfile cívico descansaron en inmediaciones del depósito donde se encontraban las sustancias tóxicas.
Así también fueron afectados, en menos impacto, la portera del colegio, profesores y estudiantes, ya que estaban a una distancia considerable del lugar contaminado.
Pérez Del Castillo afirmó que la actitud del burgomaestre paceño y sus funcionarios municipales “es imperdonable”, ya que, en vez de promover una investigación imparcial, tratándose de menores de edad, revictimizarn a las víctimas, estereotiparlas, sin prueba alguna, por supuestamente consumir bebidas alcohólicas e incluso drogas.
Para la concejal, dichas declaraciones no solo significaron una “difamación y afectación” directa a las estudiantes, sino también un “obstáculo para la investigación”, ya que incidió en el trato que recibieron las menores en los establecimientos de salud de competencia del municipio paceño, donde desvirtuaron el testimonio de las jóvenes y les realizaron lavajes de estomago como si hubieran consumido sustancias alcohólicas.
“Nos queda todavía un largo trayecto hasta lograr la sentencia condenatoria que sea ejemplificadora. Esto no puede volver a suceder y mucho menos promovido o en manos de quienes son autoridades municipales, que perciben su sueldo para servir a la población paceña”, agregó la concejal. // Ahora El Pueblo