Con el cierre de las elecciones subnacionales y a la espera de eventuales segundas vueltas en las gobernaciones, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció el inicio de una nueva fase política orientada a la validación legislativa de su proyecto de “transformación del Estado”. El mandatario reconoció que este proceso se desarrollará en un escenario marcado por la fragmentación del poder y los desafíos de gobernabilidad.
Desde Tarija, donde emitió su voto, Paz delineó la hoja de ruta que seguirá en las próximas semanas. Su estrategia contempla convocar a las brigadas parlamentarias para impulsar un paquete de leyes clave en áreas como hidrocarburos, minería, educación y seguridad jurídica, además de viabilizar préstamos internacionales destinados a infraestructura y desarrollo. “Este es un ciclo muy politizado. Se acaban las elecciones y presentaremos las normas al Parlamento”, afirmó, al anticipar que buscará construir acuerdos con todas las fuerzas políticas bajo la idea de un “gran centro” que permita viabilizar reformas estructurales.
En paralelo, el mandatario reivindicó avances logrados en sus primeros meses de gestión, como el ordenamiento de la economía y la reactivación de la agenda internacional. Sin embargo, dejó claro que el siguiente paso dependerá de la articulación con los gobiernos subnacionales y el Legislativo, en un esfuerzo por consolidar consensos que fortalezcan la institucionalidad democrática.
En ese marco, su propuesta de “Agenda 50/50” aparece como el eje político de la nueva etapa. Este plan plantea redistribuir el presupuesto nacional entre el nivel central y las regiones, con el objetivo de profundizar las autonomías y otorgar mayor capacidad de decisión a los territorios en áreas como educación, salud y desarrollo económico.
El presidente subrayó que más que un simple reparto de recursos, la Agenda 50/50 busca consolidar un modelo de gestión compartida que fortalezca la gobernabilidad y permita avanzar en las reformas estructurales necesarias para el país. Con ello, convocó a las nuevas autoridades electas y a los distintos sectores sociales a participar en la construcción de consensos que marquen el rumbo del desarrollo nacional en las próximas décadas.