El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta, afirmó este lunes que ninguna élite fascista puede pretender revisar la relación con el Estado boliviano, en clara alusión a las pretensiones de la dirigencia cívica de Santa Cruz.
Puerta garantizó la presencia de los municipios del país en la defensa de la Patria, al igual que lo hicieron en la defensa de un Censo con consenso y la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) durante este año.
“Tenga la seguridad, señor presidente (Luis Arce Catacora), que también vamos a estar presentes en la defensa de la Patria porque ningún grupo de élite fascista puede venir a pretender ver, verificar la relación con el Estado boliviano. Ahí vamos a estar presentes, señor presidente”, aseguró Puerta durante el acto de entrega de equipamiento médico, valuado en más de Bs 60 millones, para fortalecer el sistema sanitario de los municipios de todo el país.
Ante el fracaso del paro de 36 días que no logró el objetivo de “arrancar” del Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda el año 2023, el Comité Pro Santa Cruz logró el aval del cabildo del 13 de noviembre para delegar a una comisión la tarea de revisar la relación de esa región con el Estado boliviano.
Según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, esa instancia trabajará “en reserva”, considerando una serie de propuestas desde profundizar las autonomías hasta el federalismo. Sus resultados serán presentados en septiembre de 2023.
No obstante, el portavoz presidencial Jorge Richter advirtió el fin de semana que esa comisión, que trabajará de forma “reservada y anónima”, planteará mecanismos para “mantener privilegios de un pequeño grupo” que pretende imponerse al resto de los bolivianos.
Además, según Richter, lo que pretende ese debate, que relegó la “importancia trascendental e histórica del Censo”, es que quede en el “olvido las personas que perdieron la vida en Santa Cruz, los hechos de violencia, la quema de la sede de los campesinos”, el asalto a la sede de la Central Obrera Departamental (COD) y la agresión a las mujeres del pueblo indígena Ayoreo.
Lo que se quiere es “instalar un nuevo tema, darle mucha fuerza mediática para que todos los actores comprometidos con los 36 días tengan que salir a explicar y a defender esta idea marcando una coyuntura distinta para obviar los 36 días de paro, de muerte y daño económico”.
“Ya no hablamos de los 1.200 millones de dólares de pérdida, ni de las personas muertas, que esas familias no encuentren justicia, que no haya responsabilidad sobre parar a una región, causar un daño inexplicable, inentendible e irracional y nos abocamos a discutir estas otras temáticas”, fundamentó. //Agencia Boliviana de Información