El cabildo convocado por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, mostró el verdadero interés de ese grupo cruceño, que es acortar el mandato del presidente Luis Arce y lograr impunidad por el golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba.
“Están buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos a través de este tipo de movilizaciones y buscan además recortar el mandato presidencial (…) Se muestran los afanes golpistas para tratar de buscar impunidad por estos hechos”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una rueda de prensa.
El miércoles, cívicos cruceños organizaron un cabildo al que llamaron nacional, pero este solo tuvo respuesta en la ciudad de Santa Cruz. En el encuentro, los asistentes alentados por los dirigentes cívicos determinaron pedir amnistía para quienes consideran presos políticos, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro. En caso de no cumplirse la petición, amenazaron con impulsar un proceso para revocar el mandato presidencial de Arce.
La viceministra cuestionó que los cívicos le mientan a la población señalando que los procesos contra Camacho son inconstitucionales, cuando sí están enmarcados en la Constitución Política del Estado.
El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que hoy la palabra amnistía se quiere disfrazar de impunidad.
“En cuestión de amnistías es importante señalar que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Bolivia tiene una guía sobre amnistía, cuándo proceden las mismas, cuándo se pueden aplicar, cómo se gestionan los trámites, las solicitudes, los requerimientos, y estas no proceden por terrorismo y esto es muy importante. Lo que quieren es que el Presidente del Estado, porque hay una movilización, tenga la posibilidad o se tenga que ver obligado a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Entonces esto no es posible, están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad”, señaló.
Explicó que la situación de Luis Fernando Camacho es un hecho absolutamente jurídico, que tiene relación con una actuación por fuera de lo que señala la ley en 2019, y eso fue antes de que él sea candidato a la gobernación y de que haya ganado esa justa electoral.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la aplicación de los resultados del cabildo en Santa Cruz es inconstitucional, porque se le pretende asignar a la Asamblea Legislativa Departamental competencias que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional en lo relativo a la selección de autoridades judiciales, por ejemplo.
Durante el cabildo en Santa Cruz, Calvo hizo aprobar la orden para que la brigada cruceña presente un proyecto de ley destinado a que las Asambleas Legislativas Departamentales elijan ternas de candidatos a las elecciones judiciales.
COB
Para el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, el Comité Cívico pro Santa Cruz no quiere reconocer la plurinacionalidad de Bolivia y solo busca confundir a la población para desestabilizar al Gobierno.
El dirigente descalificó el cabildo cruceño de ayer y sus resoluciones porque no representan a las organizaciones sociales ni la plurinacionalidad del país.
“Las logias cruceñas no son incluyentes, más bien son excluyentes, incluso en el ámbito empresarial jamás han dado oportunidad a los emprendedores ni siquiera reconocen, dentro la plurinacionalidad, a los pueblos indígenas de su departamento”, dijo Huarachi.
El dirigente cobista recordó que hay una nueva realidad en el país a partir de la Constitución Política Estado de 2009, que reconoce la pluralidad y diversidad de los pueblos del país.
Los cabildos y acciones promovidos por el Comité Cívico cruceño, según el dirigente de la organización laboral, van contra el Gobierno y el desarrollo económico y productivo del país.
Señaló que la propuesta de revocar el mandato del presidente Luis Arce por parte de los cívicos cruceños demuestra sus intentos por desestabilizar al Gobierno.
‘Bartolinas’
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ calificó como chantaje las resoluciones del cabildo cívico que, a su criterio, fue un rotundo fracaso.
“Al pedir revocatorio al Presidente plantean un chantaje para que liberen a los asesinos, a aquellos que han hecho un golpe de Estado en nuestro país en 2019, a aquellos que han masacrado al pueblo y que han vulnerado el orden constitucional, pero el pueblo boliviano no se va a hacer engañar”, dijo la ejecutiva de esa organización de mujeres, Flora Aguilar, en rueda de prensa.
En su análisis, este encuentro no tuvo presencia porque no tiene como demanda una reivindicación por el país, sino más bien se centra en la búsqueda de impunidad por actores del golpe de Estado y las masacres de 2019.
“Su cabildo, supuestamente nacional, no ha logrado el resultado que ellos esperaban. Ahí vemos que el pueblo en su conjunto verdaderamente quiere la reconstrucción económica, por eso no han asistido a esta actividad política solo en defensa de Luis Fernando Camacho”, señaló.
ANALISTAS VEN CONTRADICCIONES
El analista político Carlos Saavedra aseveró en el programa Contacto abierto, de radio Monumental, que no ve viable ninguno de los planteamientos del cabildo cruceño.
“Hay muchas contradicciones en la forma en la que se han formulado las conclusiones. Una de ellas dice vamos al revocatorio, pero ‘nos unamos para las elecciones de 2025’; o no queremos injerencia de los políticos en la justicia, pero el Presidente debe liberar a los políticos que están presos”, señaló.
Las contradicciones evidentes son rechazar la injerencia política en la justicia pero pedir que un político, como el Presidente, libere a otros políticos privados de libertad.
“Yo calificaría que es un acto más emocional que racional. Creo que el liderazgo cruceño necesita repensarse, replantear la forma estratégica que va a abordar su participación política en el país”, señaló Saavedra.
Para la analista Susana Bejarano, el discurso en los cabildos del miércoles tiene mucha retórica dejando los temas de democracia y libertad con un contenido suelto y vacío, permitiendo ver que el proceso de articulación claramente adelgazó y con un eje articulador que exige una ley para la liberación de los supuestos detenidos por cuestiones políticas.
Respecto a las consultas para la creación de una policía y defensoría departamental, la analista indicó que ambas son inconstitucionales. En cuanto a la propuesta para la creación de una policía departamental explicó que directamente rompe con la institución verde olivo.
Mientras que para el analista Hugo Siles la propuesta de promover un proceso revocatorio para acortar el mandato del presidente Luis Arce está alejado de lo constitucional y resulta fantasioso e imposible de lograr.
“Se debe considerar el alto apoyo en las urnas con el que Luis Arce llegó al gobierno de manera democrática con un apoyo mayoritario de los bolivianos”, mencionó.
ABOGADO DETECTA SEIS INCONSTITUCIONALIDADES
El abogado Israel Quino observó seis inconstitucionalidades en nueve deliberaciones de las concentraciones promovidas por los cívicos, que apuntan a temas como la creación de una guardia departamental, un defensor del pueblo departamental, reforma judicial, política educativa, ley de amnistía y la decisión de permitir a Luis Fernando Camacho ejercer el cargo de gobernador desde Chonchocoro.
Sobre la creación de una guardia departamental, planteamiento del cabildo en Santa Cruz, Quino sostuvo que el parágrafo IV del artículo 48 del Estatuto Autonómico cruceño dispone sobre la seguridad ciudadana que el gobierno departamental puede promoverla y fortalecerla desarrollando medidas y acciones mediante un plan departamental en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
“No le faculta ninguna posibilidad de crear una policía o guardia del departamento porque la función policial solo puede ser ejercida a nivel nacional, de manera integral, indivisible y bajo mando único del Presidente del Estado. Por lo que cualquier ley aprobada en el nivel departamental sería inconstitucional”, señaló.
Sobre la propuesta también cruceña de crear un defensor del pueblo autónomo departamental, Quino dijo que el Estatuto Autonómico no les faculta crear defensores de derechos humanos administrativo-autonómicos porque no pueden depender de esa entidad territorial como funcionarios públicos.
En cuanto a la reforma constitucional judicial, el analista apuntó a que para la reforma se deben cumplir requisitos de formalidad. Sobre la política educativa, observada en el cabildo de La Paz, sobre la nueva malla curricular, Quino indicó que el numeral 17 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución dispone que son competencias exclusivas del nivel central del Estado las políticas del sistema de educación y salud.
“No hay dudas de que el sistema judicial está en su mayor crisis, pero su solución no puede ser atentar contra la estructura judicial constitucional en actual vigencia. Es decir no se puede ir por un camino de ilegalidades para transformar el estado de la (in)justicia en Bolivia. Por ello es inviable plantear que mediante una ley departamental se aprueben ternas autonómicas para preseleccionar a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeros de la Magistratura. Esa es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, indicó.
Quino precisó que en el tema de una ley de amnistía, planteada por el cabildo cruceño, la amnistía es una atribución que tiene el Presidente del Estado para que a través de un decreto presidencial disponga la extinción de la acción penal en favor de poblaciones penitenciarias con procesos extensos sin sentencia ejecutoriada, detenidos preventivos mayor tiempo de la pena por el delito que son procesados, por duración máxima del proceso sin sentencia, entre otros.
“Ahora bien, decir presos políticos es afirmar que existen privados de libertad sentenciados por delitos políticos (que no existen) con penas mayores a los ocho años (artículo 27 del Código Penal). Entonces doble incongruencia. ¿Acaso el presidente podría otorgar amnistía o indulto por delitos inexistentes? Otra incongruencia jurídico-constitucional”, apuntó el analista.
Sobre la revocatoria presidencial anunciada por el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, Quino recordó que los artículos 170 y 171 de la Constitución disponen el instituto de la revocatoria de mandato y que existen procedimientos formales en materia electoral que se deben cumplir.
“Si fuera vía iniciativa popular se dispone que procede la revocatoria de mandato para autoridades nacionales (presidente), con las firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el veinte por ciento (20%) del padrón de cada departamento y que el Tribunal Supremo Electoral verificará el cumplimiento de ese requisito. “Es decir más de 1.825.000 firmas y que signifiquen su relación proporcional ascendiente al 20% de cada uno de los nueve departamentos”, recordó.
Acerca de una candidatura única, propuesta también del cabildo de Santa Cruz para las próximas elecciones, Quino recordó que en 2020 fue precisamente Camacho, como candidato de Creemos, quien dividió el voto y fragmentó las posibilidades de la oposición para hacerle frente al MAS, partido que ganó las elecciones.
El analista también observó que es inconstitucional que un cabildo otorgue libertad a un procesado por terrorismo, como es el caso de Camacho, detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I por el delito de terrorismo.
Los cívicos convocaron para el 25 de enero a un gran cabildo nacional en las nueve capitales de departamento, sin embargo solo en Santa Cruz hubo una masiva participación, en el resto del país las concentraciones obtuvieron mínimo respaldo.
//Ahora El Pueblo