El Instituto Nacional de Estadística (INE) aclaró este jueves que es la única entidad responsable de producir, normar y difundir estadísticas oficiales a través de registros administrativos, censos, encuestas, información geoestadística e información no estructurada.
El director INE, Humberto Arandia, dijo a la estatal Bolivia Tv que esas responsabilidades de la institución a su cargo están establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N°1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.
La aclaración de Arandia surge a raíz de la información presentada ayer miércoles por el Instituto Cruceño de Estadística (ICE), que depende de la Gobernación de Santa Cruz, que divulgó un conteo de población basado en una “encuesta”.
En un reporte institucional, el INE precisó que el numeral 16, parágrafo I del artículo 298 de la Constitución se establece que es una competencia privativa del Estado realizar censos oficiales.
“A su vez el numeral 13, parágrafo II del Artículo 298 de la CPE indica que es una competencia exclusiva del nivel central del Estado la elaboración y aprobación de estadísticas oficiales”, agrega la institución.
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La Ley N°1405 en su Artículo 6, parágrafo II, indica que “El INE es responsable de producir, normar y difundir estadísticas oficiales, a través de registros administrativos, censos, encuestas, información geoestadística, información no estructurada, entre otras”.
El Artículo 16 de la Ley N°1405 refiere como entidades productoras de estadísticas oficiales al INE y a las entidades públicas del nivel central del Estado, certificadas por el INE.
De acuerdo con Arandia, una encuesta sólo analiza un pequeño segmento de una población ofreciendo estimaciones entorno a la misma, mientras que un censo es un proceso riguroso que se basa en el estricto cumplimiento de estándares internacionales que ofrece el dato oficial de la población de un país.
El INE, en su calidad de autoridad rectora de las estadísticas oficiales de Bolivia, aseguró que como entidad técnica debe velar que no se posicionen estimaciones sesgadas de población, que no se enmarcan en estándares internacionales y mucho menos se usurpen las facultades constitucionales existentes. // ABI