El Gobierno boliviano, a través del Viceministerio de Transparencia, presentó una denuncia penal contra seis exautoridades del gobierno de Luis Arce vinculadas a Boliviana de Aviación (BoA). La acusación se centra en presuntos hechos de corrupción relacionados con la apertura de la ruta internacional Viru Viru – La Habana, que habría generado pérdidas millonarias para el Estado.
Según el informe del viceministro Yamil García, en octubre de 2023 se autorizó el inicio de operaciones de esta ruta sin contar con un estudio de viabilidad técnica y financiera, requisito indispensable según la normativa vigente. La ausencia de este análisis habría derivado en una planificación deficiente y en operaciones con baja ocupación de pasajeros.
Las investigaciones preliminares revelan que en algunos vuelos el avión despegó con apenas 11 pasajeros, dejando más de 150 asientos vacíos. Esta situación habría ocasionado pérdidas superiores a 25 mil dólares por cada viaje realizado, acumulando un daño económico que superaría los 18,4 millones de bolivianos.
El Gobierno sostiene que las decisiones administrativas tomadas en el directorio de BoA respondieron a criterios no técnicos, lo que derivó en la apertura de la ruta sin una adecuada evaluación de su rentabilidad. Por ello, la denuncia incluye los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
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El caso ya fue remitido al Ministerio Público para su investigación formal. Las autoridades señalaron que se continuará con las auditorías sobre otras operaciones de la empresa estatal, lo que podría derivar en nuevas acciones legales contra más responsables.
Este escándalo pone nuevamente en el centro del debate la gestión de BoA y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas, para evitar que decisiones apresuradas o sin sustento técnico generen pérdidas millonarias al Estado.
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